Así salió publicado: Ver artículo en área educativa
Y este es el texto original:
Legislación educativa santafesina: buenos tiempos para equilibristas...
Proyectos de ley que incidirían positivamente sobre la realidad docente esperan su sanción en el Senado de la provincia. Las perspectivas futuras no solamente abarcan cambios de artículos en un texto jurídico, sino que exigen la participación y el debate de todos los involucrados.
Como dice el Nano Serrat: “vienen buenos tiempos” y hay que “aguantar el chaparrón al pie de un cañón de papel maché”. Los docentes santafesinos estuvieron “comiendo el pan de cada día”, a lo largo de las dos décadas y media que mediaron desde la reinstauración formal de la democracia en la provincia, esperando “contra la pared” que las normas de la dictadura pasaran a ser un recuerdo. Sin embargo, descubrimos durante todo este tiempo muchas “idas y vueltas” en el terreno educativo. La persistencia en el gobierno de grupos vinculados con el mismo color político debía haber proporcionado un marco estable para el desarrollo de políticas de Estado consistentes y sostenidas en el tiempo.
Sin embargo, a las puertas del primer cambio de signo partidario en el poder, y frente a la oportunidad histórica de contar con el primer gobernador socialista en la Argentina, quedan pendientes en el Senado provincial 6 leyes (además de la controvertida ley de educación provincial) que pueden incidir seriamente sobre el desempeño docente. Estas normativas que esperan sanción, tocan problemáticas sensibles al quehacer diario de los maestros:
· una se refiere a la protección a la maternidad,
· la otra tiene que ver con las denominadas “tareas diferentes”,
· una tercera subsana un error de la ley de jubilaciones,
· la cuarta cubre el vacío legal que se relaciona con los accidentes del trabajo,
· en quinto lugar, se les posibilita a ex docentes provinciales acceder a la cobertura de IAPOS
· y la última, que todavía no tiene aprobación en diputados, está asociada con el boleto de transporte para docentes.
¿Por qué, si un mismo partido político tuvo en sus manos los mecanismos para el cambio durante 24 años, ha sido tan dificultoso el avance en cuanto a la normativa docente? ¿Por qué persisten en nuestra provincia textos legales sancionados en la época de la dictadura?
La constitución santafesina, sancionada en 1962, fue en su época una de las más progresistas. Hoy necesita ser reformada, no solamente para adecuarla a lo que establece la Constitución Nacional (forma de elección de senadores nacionales, autonomía provincial, entre otros temas) sino para ponerla a tono con el siglo XXI: la agilización del trámite legislativo, la posibilidad de brindar más instancias de participación popular, la representación proporcional en diputados, la transformación de la legislatura en un esquema unicameral -eliminando al Senado- son temas que una convención constituyente podrá tratar desde el punto de vista legal, y que pueden servir para adecuar las instituciones a la realidad actual.
De acuerdo a la constitución provincial en vigencia:
· la cámara de diputados se compone de 50 diputados, de los cuales 28 corresponden al partido que obtiene el mayor número de votos y veintidós a los demás partidos, en proporción a los sufragios logrados (artículo 32). En el período 1983-2007, los 28 diputados de la mayoría correspondieron siempre al PJ y sus aliados;
· la cámara de senadores se compone de 19 senadores (1 por cada departamento); Verificar si siempre contó con mayoría peronista.
· cualquiera de ellas puede dar origen a un proyecto de ley, e inclusive el ejecutivo puede presentarlo (artículo 56)
· las sesiones de la legislatura se inician el 1º de mayo y culminan el 31 de octubre (o sea, trabajan seis meses en el año). Se puede prorrogar hasta el 30-11. El ejecutivo o las mismas cámaras pueden ser convocadas en sesiones extraordinarias, pero con limitaciones en cuanto a los temas a tratar (artículo 40);
· le corresponde a la legislatura “legislar sobre educación” (artículo 55 inc 6);
· el trámite parlamentario es engorroso si se producen modificaciones al proyecto originalmente presentado. El lapso para que un proyecto de ley sea sancionado se prolonga aún más si el proyecto aprobado por ambas cámaras es vetado por el ejecutivo (las cámaras tienen un mes para expedirse). Se exigen, en caso de cambios o vetos al proyecto original, mayorías especiales (artículos 58-59)
· además, hay que esperar como mínimo nueve días para que la ley entre en vigencia, porque el Poder Ejecutivo debe publicarlas dentro de los ocho días de promulgadas, y entran en vigor al noveno día siguiente al de su publicación
· por último, un proyecto que no alcance sanción definitiva en dos períodos ordinarios de sesiones consecutivas, caduca. Y si las cámaras rechazan totalmente un proyecto de ley, ese mismo proyecto no pude repetirse en las sesiones del mismo año.
· Y por último, dado que de acuerdo al artículo 46, cada cámara puede constituir “comisiones con propósitos de información e investigación sobre materiales o asuntos de interés público”, el proceso de sanción de una ley puede prolongarse “in aeternum”.
La impulsora de los mencionados proyectos de ley, la diputada Verónica Benas (del ARI), relata su visión particular de los hechos. Los cinco proyectos sancionados “han sido aprobados por unanimidad en la cámara de diputados”, pero luego en el Senado “se dilata su tratamiento, aunque no han recibido objeción alguna porque son proyectos que inclusive la presidenta del senado, la arquitecta bielsa dice que ella comparte, que son justos, pero inexplicablemente no se avanza en darle sanción definitiva”.
El primero se refiere a la protección de la mujer embarazada. Si bien la normativa vigente le otorga una licencia de 135 días con goce de sueldo, si la docente embarazada es suplente o interina, cesa en sus funciones en caso de reintegrarse el titular al cargo, quedando absolutamente desprotegida. El proyecto de Benas, que propone que la cobertura (remuneración y obra social) continúe pese al cese, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 07-07-05 y perdió estado parlamentario. Lo volvió a presentar en mayo de 2006, los representantes del pueblo lo aprobaron el 01-06-06, pero nuevamente sufrió una detención cuando llegó a manos de los representantes departamentales.
La segunda propuesta con media sanción en Diputados “tiene que ver con la corrección del texto de la ley 12.464 de jubilación docente. En la provincia recuperamos para la docencia un sistema de jubilación especial para los docentes, se llama régimen opcional docente y por distintos problemas técnicos o por falta de conocimiento en el momento en el que el ejecutivo impulsó la norma, han omitido incluir en este sistema opcional de jubilaciones a los docentes de nivel especial, nivel inicial y los que trabajan en educación no formal”. La diputada del ARI propuso algo simple: que el texto de la norma se refiera a “todos los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema”. Intentó en julio de este año, Diputados aprobó el texto hace cuatro meses, y desde ese momento no se produjeron novedades.
Estos dos proyectos podrían llegar a buen puerto en lo que resta del año, pero los otros tres no correrían la misma suerte, según la autora “por las permanentes injerencias del poder ejecutivo en el trabajo del poder legislativo”. Uno de esas propuestas se refiere al de “tareas diferentes”. El decreto 4597/83 (de la época de la dictadura, emitido un mes antes del retorno de la democracia) permite que docentes con incapacidades laborales permanentes o transitorias que no les permitan continuar al frente del grado, puedan desarrolar otras actividades. Pero para acceder a este beneficio, se requiere contar con 18 años de titularidad en el cargo.
Esta exigencia se convierte en un obstáculo dificultoso de superar “en una provincia donde la norma no ha sido la regularidad de los concursos docentes”, según explica la legisladora. Eso hace que docentes con 25 años de antigüedad como interinos vean suspendidas sobre sus cabezas la espada de Damocles, viendo peligrar sus fuentes laborales, si es que padecen graves enfermedades. El proyecto de la diputada del ARI plantea dos modificaciones: no solamente deroga “esa prohibición realmente absurda y completamente desvinculada de una situación de derecho, porque es una arbitrariedad total”, sino que “equipara la situación, que se extiende al no docente. Por ejemplo, un portero de la escuela que por problema de salud pueda acceder a tareas diferentes con tan solo un año de antigüedad como titular”. La Cámara de Diputados vio salir el proyecto aprobado el 30-11-05 y luego el 01-06-06. Todavía se espera que Senadores se expida.
“Un caso similar es el que se vive en relación al tema de accidentes de trabajo. En nuestra provincia, los docentes, médicos y enfermeros y todos aquellos que son empleados del estado, no tienen protección en caso de accidente de trabajo, es decir que no se cumple la ley nacional de riesgos de trabajo: no se los afilio a ninguna ART, por lo tanto ante un accidente de trabajo el empleado público de Santa Fe está desprotegido. En algunos casos cuenta con convenios para asistencia medica. Y en la mayoría de los casos tiene que pasar grandes penurias, o hacerle un juicio al estado para poder obtener cobertura en caso de accidentes de trabajo”. Este proyecto no recibió objeciones por parte del Senado con mayoría peronista, pero no fue tratado (pese a que fue aprobado por Diputados en Julio de 2001 y nuevamente en Junio de 2006).
“El último proyecto es el de cobertura del IAPOS para los docentes nacionales que se han jubilado por Nación y que estuvieron en el IAPOS hasta el momento de su jubilación”. Estos docentes “cuando se jubilan pasan a PAMI y sabemos las dificultades que tiene este organismo para prestar servicios”. La diputada pretende que se les “permita optar, aún pagando una cuota adicional, que puedan seguir con la atención del IAPOS”. La Cámara de Diputados ya le dio el “OK” el 05-07-07.
Verónica Benas se ha reunido con los integrantes del Senado (la vicegobernadora, el presidente de la comisión de Educación) y han concidido en la importancia de la modificación legislativa. “En principio me manifestaron que están en un todo de acuerdo con estos proyectos” pero se “privilegia la aprobación de otras normas”.
Consultada acerca de la realidad legislativa, la vicegobernadora María Eugenia Bielsa sostiene que “ha sido mucho lo que se ha avanzado en materia educativa en los últimos años”. Su conocimiento cabal del funcionamiento del Senado le brinda un valor especial a su comentario.
Desde su perspectiva, el trámite legislativo se demora por el cumplimiento de requisitos formales y por las características propias de la aprobación parlamentaria. Existen tres proyectos consensuados: “como la cantidad de proyectos es importante, a veces no salen con la celeridad que los docentes necesitan”, pero considera que es factible que los proyectos relativos a la cuestión jubilatoria, la cobertura para docentes embarazadas y la posiblidad de acceder al servicio de IAPOS pueden ser aprobados próximamente.
. “Yo no tengo la impresión que sea específicamente que los proyectos para docentes no salgan; hay otros que también son prioridad del ejecutivo y tardan tiempo en salir porque pasan por distintas comisiones. A veces la comision de constitucionales hace observaciones legales entonces vuelve a tratamiento”, pero “tanto diputados como senadores han funcionado con mucha regularidad”. Se ha buscado un consenso entre los distintos actores y para contrarrestar el argumeto de inacción gubernativa, opina que “el tema de la docencia ocupó un lugar importante en estos 4 años de gobierno, basta recorrer la crónica periodística. Sobre todo, las mejoras salariales que eran indispensables”. Y continúa: “Cada vez que el ejecutivo pidió a la legislatura una apoyatura para aportar a un mejor desarrollo de las condiciones de trabajo y desempeño de los docentes esto fue dado, sobre todo en lo que tiene que ver con el presupuesto educativo y su crecimiento. Aunque podamos decir que esto ha sido insuficiente creo que ha sido muy importante”.
Nadie niega la importancia del tema salarial, pero es indudable que se necesita contar con un marco jurídico adecuado. ¿De qué le sirve saber al docente que puede cobrar $2.500 por mes, si después por no tener el cargo concursado, se queda sin trabajo?
Si lanzamos una mirada sistémica e histórica, pensar en lo que hizo o hará tal gobierno o tal otro, no sirve. Hay que analizar la cuestión de fondo: el incremento presupuestario es importante, pero no es lo único. Lo que interesa es poder construir las bases de un sistema educativo coherente con las necesidades de la sociedad, con un marco normativo útil y acorde a los tiempos que se viven.
En relación a las perspectivas futuras, la actual vicegobernadora se muestra optimista en lo que se refiere a los efectos que puede acarrear la aprobación de la futura ley provincial de educación. “La ley provincial de educación que esta pronta a enviarse, va a tener un protagonismo importante. En ambas cámaras hay sectores que provienen de la actividad docentes y serán esos legisladores quienes podrán explicarles a sus colegas la importancia del tema y podrán hacer aportes importantes de una ley que va a marcar los próximos años de la educación en Santa Fe”.
La visión de la legisladora de la oposición es absolutamente opuesta. Califica de “aventura” al proyecto de ley de educación provincial. Según ella, “la ministra Cantero prentende que sin debate ni consulta ni consenso se avance en un proyecto de ley de educación provincial. Es muy positivo que trabajemos un proyecto de ley, pero hay una cantidad de cuestiones planteadas que no se han tomado con seriedad y no se han avanzado”.
Pasaron 24 años y la política educativa tuvo giros erráticos. No se puede pretender que en los próximos 24 meses todo se solucione mágicamente. Tampoco la prometida y esperada reforma constitucional bastará para poner en orden el caótico sistema educativo: transformar a la legislatura en un cuerpo unicameral quizás agilice la sanción de leyes, pero no es la panacea. Lo que se necesita es que la sociedad santafesina se comprometa, que los representantes pongan el interés colectivo por encima de las mezquindades partidarias. Es de esperar que, a partir de allí, comiencen a sentarse las bases estructurales de una educación santafesina verdaderamente pública.
La sanción de una ley es solamente el primer paso para la transformación de una realidad social: son los hechos concretos que se desarrollan en función de ese marco normativo los que determinan las soluciones. La aprobación de los proyectos en danza puede resultar importante y necesaria, pero no es suficiente. Tenemos como ejemplo la ley de educación sexual, que “durmió el sueño de los justos” durante años, esperando ser aplicada, aunque estaba sancionada desde 1992.
En palabras de la diputada del ARI “queda una tarea pendiente para la sociedad, que es generar debate, generar propuestas, ponernos de acuerdo qué queremos para la educación de Santa Fe en un futuro mediato y lejano. Porque de lo que nosotros podamos construir depende la calidad de educación de nuestros chicos y el futuro de nuestros niños, con dignidad. (...) La educación debe ser una politica de estado, la desidia el postergar estos temas hace que hoy tengamos una escuela publica empobrecida vapuleada, con edificios que se nos caen, con docentes insatisfechas, papás que se quejan y alumnos que no aprenden. Todo esto está vinculado a un sistema educativo que no da respuestas. Creo que todos desde todos los sectores debemos involucrarnos en discutir y proponer (...) estas cuestiones tienen que ser resultas por una sociedad mas madura, más democrática, con otro nivel de participación, pero por eso necesitamos un poder politico con real voluntad de hacer estas cosas”.
